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JUEZ DE ZAPALA ORDENÓ EL DESALOJO POR LA FUERZA PÚBLICA DEL CONCEJAL D’AMORIN DEL PRO DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Un fallo del juzgado con competencia Procesal Administrativa determinó que el edil Sebastián D ́Amorin debe restituir el inmueble que ocupa ilegalmente en el Parque Industrial de Junín de los Andes, por incumplimiento de inversiones comprometidas.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, hizo lugar a la demanda interpuesta por la Municipalidad de Junín de los Andes contra el concejal del PRO de San Martín de los Andes, Sebastián D ́Amorin, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de otorgamiento de un predio en el Parque Industrial de dicha localidad (según consta en el Expediente 5042/2014, Senreb1926/2017). El magistrado condenó al concejal del PRO al desalojo del inmueble que ocupa ilegalmente en el término de diez días desde su notificación. Cabe destacar que D’Amorin nunca se presentó en el expediente por lo que fue declarado rebelde en el proceso. La justicia determinó que deberá restituir el inmueble con todo lo edificado, plantado y/o enclavado en él,y autoriza al municipio al uso de la fuerza pública policial.

En marzo de 2008, el concejal del PRO suscribió un convenio con la Municipalidad de Junín de los Andes mediante el que se le otorgaba el predio individualizado como Lote 12, Manzana 93, ubicado en Parque Industrial de la ciudad. Como contrapartida D’Amorin debía realizar en el inmueble un proyecto que consistía en un taller para la producción de trailers, motorhomes, y otro tipo de equipamientos. El convenio fue ratificado mediante la Ordenanza N° 1595/2008 y promulgado por medio de la Resolución N° 049/2008. El edil debía concretar la totalidad del proyecto en un plazo de 36 meses desde la firma del acuerdo, es decir, para mediados de 2011. Como consecuencia del incumplimiento de parte de D’Amorin el municipio le solicitó el reintegro de las tierras fiscales. Ante la negativa del edil, se inició la acción judicial en su contra que culminó con el fallo de los últimos días.

Resulta llamativo este accionar irresponsable e irrespetuoso de las normas de parte de un servidor público que desde su rol de concejal de San Martín de los Andes no sólo debe defender los derechos de los vecinos, sino que además tiene la obligación de ser el primero en respetar las leyes, tener un comportamiento ético, y no esperar a que un juez lo obligue a tener una conducta ajustada a derecho. Este hecho pone en evidencia que D’Amorin no respeta la propiedad municipal, al punto que debe ser compelido por la Justicia y por la fuerza pública para reintegrar tierras fiscales indebidamente apropiadas por él, y que legítimamente pertenecen al municipio de Junin de los Andes y a todos sus habitantes.

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